SANTIAGO, Chile.- Con la fría ciudad de Aysén convertida en la postal del día después de una batalla y vecinos que limpiaban los restos de miles de bombas lacrimógenas, el gobierno chileno invocó ayer la temida ley de seguridad del Estado en contra de 22 personas sindicadas como responsables de los violentos disturbios ocurridos durante los últimos días en la sureña ciudad.
Carabineros y vecinos heridos, un ómnibus y un carro hidrante incendiados, un avión policial apedreado, además de saqueos en Aysén y en la vecina Coyhaique, fueron el saldo de la tensa jornada, en la cual también se registraron fuertes denuncias en contra del exceso de fuerza y el abuso por parte de las autoridades.
La localidad, ubicada a 1300 kilómetros de Santiago, lleva más de un mes de huelgas y bloqueo de rutas en protesta por problemas sociales derivados del aislamiento y el alto precio de los combustibles. Sin embargo, las negociaciones entre el gobierno de Sebastián Piñera y los dirigentes sociales continúan en punto muerto.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, precisó ayer que la medida no afectará a los líderes de las protestas. "Se ha convocado la ley de seguridad del Estado para los activistas más violentos de la región de Aysén (.). Se ha sindicado e individualizado a los activistas más ultras. Nunca ha sido una acción judicial dirigida contra los dirigentes sociales", explicó Hinzpeter.
"Lamento mucho que estemos en una lógica dictatorial y que el gobierno sólo logre el orden público a través de la represión más brutal. La ley de seguridad del Estado es un anacronismo y un vestigio dictatorial, una herencia del autoritarismo más rancio y arcaico", criticó el presidente del Senado, Guido Girardi.
El senador oficialista por la zona, Antonio Horwath, hizo ayer un desesperado llamado a la conformación de una comisión parlamentaria transversal que vele por el respeto a los derechos humanos de la población, tras los violentos incidentes del día jueves. "La región de Aysén no necesita fuerzas especiales que están atacando con bombas lacrimógenas dentro de las casas a personas inocentes que no tienen nada que ver con las protestas y barricadas", denunció el senador Horwath.
En conversación con LA NACION, el vocero de la mesa social de Aysén, Iván Fuentes, retrucó que el gobierno es el que merece una sanción. "Debiera haber una ley especial para la inoperancia y la irresponsabilidad política de toda esa gente que no supo ver hacia dónde iba este movimiento. No saben para dónde va Chile", reflexionó Fuentes.
La violenta jornada incluso motivó un llamado a la calma por parte de la Conferencia Episcopal. "Pedimos a todas las personas involucradas en el conflicto desplegar sus mayores esfuerzos para evitar la violencia", explicó la Iglesia, a través de un comunicado, firmado por el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.
La intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, justificó la medida oficial, al argumentar que es por el bien de la comunidad.
El conflicto amenaza con trasladarse a otras ciudades. Ayer, la dirigente estudiantil Camila Vallejo convocó a una marcha en la capital para protestar por la represión en Aysén.
La localidad, ubicada a 1300 kilómetros de Santiago, lleva más de un mes de huelgas y bloqueo de rutas en protesta por problemas sociales derivados del aislamiento y el alto precio de los combustibles. Sin embargo, las negociaciones entre el gobierno de Sebastián Piñera y los dirigentes sociales continúan en punto muerto.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, precisó ayer que la medida no afectará a los líderes de las protestas. "Se ha convocado la ley de seguridad del Estado para los activistas más violentos de la región de Aysén (.). Se ha sindicado e individualizado a los activistas más ultras. Nunca ha sido una acción judicial dirigida contra los dirigentes sociales", explicó Hinzpeter.
"Lamento mucho que estemos en una lógica dictatorial y que el gobierno sólo logre el orden público a través de la represión más brutal. La ley de seguridad del Estado es un anacronismo y un vestigio dictatorial, una herencia del autoritarismo más rancio y arcaico", criticó el presidente del Senado, Guido Girardi.
El senador oficialista por la zona, Antonio Horwath, hizo ayer un desesperado llamado a la conformación de una comisión parlamentaria transversal que vele por el respeto a los derechos humanos de la población, tras los violentos incidentes del día jueves. "La región de Aysén no necesita fuerzas especiales que están atacando con bombas lacrimógenas dentro de las casas a personas inocentes que no tienen nada que ver con las protestas y barricadas", denunció el senador Horwath.
En conversación con LA NACION, el vocero de la mesa social de Aysén, Iván Fuentes, retrucó que el gobierno es el que merece una sanción. "Debiera haber una ley especial para la inoperancia y la irresponsabilidad política de toda esa gente que no supo ver hacia dónde iba este movimiento. No saben para dónde va Chile", reflexionó Fuentes.
La violenta jornada incluso motivó un llamado a la calma por parte de la Conferencia Episcopal. "Pedimos a todas las personas involucradas en el conflicto desplegar sus mayores esfuerzos para evitar la violencia", explicó la Iglesia, a través de un comunicado, firmado por el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.
La intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, justificó la medida oficial, al argumentar que es por el bien de la comunidad.
El conflicto amenaza con trasladarse a otras ciudades. Ayer, la dirigente estudiantil Camila Vallejo convocó a una marcha en la capital para protestar por la represión en Aysén.
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